Cataluña
Bruselas examina el decreto catalán que permite retirar licencias de pisos turísticos en 2028
El examen nace de una queja del sector europeo del alquiler de corta estancia y afecta también a normas de Baleares, Canarias y Toledo. En Barcelona hay 10.627 licencias y la extinción prevista tiene fecha: 9 de noviembre de 2028.
Por Damián Ortells ·
La Comisión Europea ha activado un procedimiento de preinfracción contra España para revisar el decreto ley catalán 3/2023, convalidado por el Parlament, que permite a Barcelona y a otros municipios dejar sin renovación las licencias de pisos turísticos. Es una vía previa a un expediente sancionador formal y busca que Bruselas y el Estado aclaren si la norma encaja con el derecho comunitario antes de acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El caso llega a Bruselas por iniciativa de la European Holiday Home Association, una entidad que agrupa asociaciones nacionales del alquiler de corta estancia. La organización sostiene que la regulación catalana vulnera la propiedad privada y la libertad de empresa, de establecimiento y de prestación de servicios reconocidas por la normativa europea.
El decreto afecta a 261 municipios catalanes con problemas de acceso a la vivienda, con más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes o con ambas circunstancias. Estos ayuntamientos no pueden superar el umbral de diez viviendas turísticas por cada 100 habitantes. Si quieren conceder nuevas licencias, deben permitir expresamente ese uso en el planeamiento urbanístico y justificar que existe suelo residencial disponible. Los nuevos permisos tienen una duración de cinco años.
En Barcelona, el Ayuntamiento prevé extinguir todas las licencias el 9 de noviembre de 2028, cinco años después de la aprobación de la norma catalana. La ciudad concedió licencias sin caducidad hasta 2014, cuando aprobó una moratoria temporal; en 2017 la prorrogó de forma indefinida. Desde entonces, el número de permisos solo ha aumentado por sentencias judiciales y alcanza 10.627.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el Tribunal Supremo avalaron los límites municipales. La revisión europea se mueve en otro plano: la Directiva de Servicios de la UE permite restricciones si son necesarias, proporcionadas y no discriminatorias. A finales de octubre, el TJUE anuló la regulación de la región de Bruselas en la sentencia Smart Flats, una decisión que la EHHA interpreta como una advertencia a las ciudades que limitan el alquiler turístico sin justificar bien el impacto.
Bruselas también tiene bajo examen normas de Baleares, Canarias y Toledo. El borrador europeo sobre vivienda asequible presentado en septiembre admite regular los alquileres de corta estancia, pero exige proporcionalidad; ese texto debe negociarse aún con la Eurocámara y el Consejo.
El Ayuntamiento de Barcelona defiende que los pisos turísticos deben volver al uso residencial y prepara para finales de año una subida del IBI de entre el 50% y el 150% para estos inmuebles, según el número de licencias de un mismo propietario. L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant Feliu y Sant Adrià de Besòs siguen la línea de la capital.
Para los propietarios con licencia, el calendario clave sigue siendo noviembre de 2028, mientras Bruselas analiza la norma con España. Para los inquilinos, el efecto buscado por el consistorio es aumentar la oferta de alquiler habitual, aunque el informe inmobiliario 2026 de Forcadell y la UB sostiene que muchos pisos pasarán a la compraventa y no al arrendamiento tradicional.