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jueves, 5 de noviembre de 2026

España

Palma desmantela la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza de España

El operativo empezó hacia las 20.00 con una veintena de agentes y dos camiones de Emaya. El Consistorio sostiene que la ocupación permanente de la plaza ya no estaba cubierta por la comunicación inicial de la protesta.

Por Damián Ortells ·

Palma desmantela la acampada por el derecho a la vivienda en la plaza de España

La Policía Local de Palma desmanteló este miércoles por la noche la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la plaza de España. El operativo empezó hacia las 20.00 con una veintena de agentes y dos camiones de Emaya, la empresa municipal de limpieza, y acabó con nueve personas identificadas, según informó el Ayuntamiento.

El Consistorio, gobernado por el PP, defendió la intervención por el cumplimiento de las ordenanzas municipales de convivencia y ocupación de la vía pública. En su comunicado sostuvo que la ocupación había dejado de estar amparada por el derecho de reunión y manifestación porque se habían superado las condiciones comunicadas inicialmente por los organizadores.

Según el Ayuntamiento, la comunicación inicial no preveía tiendas de campaña ni una ocupación permanente de la plaza. También afirmó que durante el operativo se comprobó que la mayoría de las tiendas estaban vacías y que algunas de las personas identificadas no tenían relación con la acampada.

La Delegación del Gobierno en Baleares, encabezada por Pere Joan Pons, expresó “profunda preocupación” por la actuación municipal. Pons señaló que la protesta estaba amparada por el derecho de reunión y que el Ayuntamiento actuó sin una petición oficial a la Delegación.

El desalojo llegó tras varios días de pulso entre Cort y los participantes en la protesta. El alcalde, Jaime Martínez, había pedido en dos ocasiones a la Delegación del Gobierno que ordenara el desmantelamiento, después de que la Policía Nacional retirara una acampada similar en Madrid, pero la Delegación había rechazado intervenir al entender que la movilización estaba protegida por el derecho de manifestación.

Un día antes, la Policía Local ya había actuado en la plaza para retirar vallas, palés, pancartas y otros elementos del campamento. La Plataforma Antidesahucios de Palma y los organizadores denunciaron entonces que esa actuación vulneraba el derecho de reunión y dejaba a los acampados más expuestos ante posibles provocaciones.

Durante el desmantelamiento nocturno, los manifestantes cuestionaron la legalidad de la intervención y pidieron a los agentes que les mostraran una orden de desalojo. También defendieron que la Policía Local no tenía competencias para ejecutarlo. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que manifestarse no ampara una ocupación indefinida del dominio público.

La acampada tenía previsto mantenerse hasta la huelga general por el derecho a la vivienda convocada para el 11 de noviembre. Tras el desalojo, la Policía Local desplegó por la mañana un dispositivo con una decena de agentes y dos furgones en la zona. El PSIB acusó a Martínez de crear un precedente peligroso y de vulnerar el derecho de reunión.