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viernes, 30 de octubre de 2026

Barcelona

Un informe cifra en 104.000 los cambios de domicilio en Barcelona y pide medir los desahucios invisibles

El estudio sitúa el foco en las salidas que no acaban en lanzamiento judicial: contratos que no se renuevan, alquileres que se disparan o fincas vendidas. Las entidades quieren que Barcelona las cuente como indicador propio de vivienda.

Por Damián Ortells ·

Un informe cifra en 104.000 los cambios de domicilio en Barcelona y pide medir los desahucios invisibles

El Observatori DESCA y Arquitectura Sense Fronteres han presentado el estudio “¿Quién puede quedarse? Especulación, desplazamientos residenciales forzados y derecho a quedarse en Barcelona”, un trabajo que intenta medir una parte del problema habitacional que queda fuera de los juzgados.

El informe toma como referencia los 104.000 cambios de domicilio registrados dentro de Barcelona en 2023, equivalentes al 3,8% de la población. De esos movimientos, el 45,3% se produjo dentro del mismo distrito. En las salidas fuera de la ciudad, el 67% tuvo como destino otros municipios catalanes, entre ellos L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Sabadell.

Las entidades llaman “desahucios invisibles” a los desplazamientos que no llegan a un procedimiento judicial. Incluyen casos de inquilinos que se marchan porque el propietario no renueva el contrato, porque la renta sube por encima de lo que pueden pagar, porque el edificio se vende a un fondo, porque termina un alquiler social o porque la presión de la propiedad empuja a abandonar la vivienda.

La autora del estudio, Lucía Delgado Ramisa, defiende que estas situaciones deben leerse dentro del “derecho a quedarse”, una idea vinculada al derecho a la ciudad y al derecho a la vivienda. Según su análisis, la financiarización de Barcelona, la especulación y la entrada de fondos de inversión están detrás de muchos desplazamientos residenciales.

El trabajo se basa en una decena de entrevistas a personas afectadas y a profesionales de servicios públicos de Barcelona, en especial de la Esquerra de l’Eixample y Nou Barris, además de datos oficiales sobre movilidad residencial. Entre los testimonios aparece el de una inquilina que relata una estafa de alquiler que le hizo perder 6.000 euros y también su piso.

El informe añade dos datos económicos: los hogares barceloneses destinan de media el 65% de sus ingresos al alquiler y las rentas han subido un 35% entre 2015 y 2025. Para las entidades, esas cifras explican por qué muchas salidas se producen antes de que haya demanda judicial.

Observatori DESCA y Arquitectura Sense Fronteres piden tres medidas: incorporar el desplazamiento residencial forzado como indicador oficial en las políticas urbanas, crear un sistema de detección temprana y coordinar vivienda, educación y servicios sociales. La propuesta afectaría a cómo se leen los movimientos de inquilinos, propietarios y edificios: una no renovación, una subida o una venta de finca podrían formar parte de un registro público si se definiera ese indicador.

Barcelona está declarada zona de mercado residencial tensionado y aplica el índice de contención de rentas gestionado por la Generalitat, que limita precios en nuevos contratos. El informe señala otro punto del recorrido: la continuidad del inquilino cuando el contrato termina o cuando la vivienda cambia de manos.