Cataluña
Som Habitatge pide que solo sean grandes tenedores quienes tengan al menos 100 pisos
La entidad sitúa su propuesta frente a las movilizaciones del 11 de noviembre, que reclaman bajar los alquileres. En Cataluña, hoy basta con más de cinco viviendas en zonas tensionadas para ser gran tenedor.
Por Damián Ortells ·
Som Habitatge, asociación que agrupa a unos 400 propietarios y se presenta como la voz del pequeño propietario, ha puesto sobre la mesa quince medidas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda. La más llamativa es elevar el umbral de gran tenedor hasta, como mínimo, 100 inmuebles.
La propuesta llega a dos semanas de la huelga por el acceso a la vivienda convocada para el 11 de noviembre. Mientras los convocantes defienden una reducción de los alquileres para ajustarlos a los salarios, Som Habitatge reclama suprimir los topes de precios vigentes y aprobar un marco normativo estable.
En Cataluña, la definición actual de gran tenedor es mucho más baja: más de cinco pisos en mercados residenciales tensionados, donde vive el 90% de la población, o más de diez inmuebles fuera de esas zonas. La entidad sostiene que un propietario con 5, 10 o 15 viviendas no tiene capacidad para influir en el mercado ni para asumir determinadas obligaciones vinculadas a situaciones de vulnerabilidad.
La Generalitat impuso este verano sus primeras multas a tres grandes tenedores por incumplir la ley, más de tres años después de la entrada en vigor de la norma estatal. Para Som Habitatge, esa regulación forma parte de un marco que genera inseguridad jurídica y lleva a algunos propietarios a retirar pisos del mercado o incluso a dejarlos vacíos antes que alquilarlos.
La directora general de la asociación, Anna Puigdevall, defendió que garantizar el acceso a la vivienda corresponde a las administraciones, no al propietario privado. Según su planteamiento, cargar sobre los arrendadores la función social de la vivienda reduce la oferta disponible y agrava el problema.
Las quince medidas se agrupan en cuatro bloques: aumentar la oferta con suelo, financiación y construcción; rehabilitar y movilizar viviendas existentes; equilibrar derechos y deberes de propietarios e inquilinos, y facilitar el acceso a la propiedad. La asociación pide que los ayuntamientos liberen suelo bien situado con rapidez, que se incremente la financiación para construir vivienda asequible y que se corrija una carga fiscal que, según la entidad, puede llegar al 62%.
Som Habitatge también propone desplegar el alquiler concertado: propietarios que arrienden a una renta moderada a cambio de incentivos fiscales, garantía pública de cobro e intermediación. Añade deducciones en el IRPF para el alquiler de vivienda habitual, eliminar el ITP en la compra de primera vivienda habitual, avales y ayudas a jóvenes, más vivienda protegida en alquiler y compra, y apoyo a la rehabilitación.
En alquiler, la entidad rechaza eliminar fórmulas como el alquiler de temporada para estudiantes e investigadores, el uso turístico regulado y los alojamientos con servicios residenciales. Sí considera que el alquiler de habitaciones sin condiciones adecuadas supone infravivienda.
Los datos oficiales dibujan un mercado tensionado. En el primer trimestre, el alquiler medio superó los 860 euros mensuales en Cataluña y los 960 en la provincia de Barcelona. En los municipios con limitación de rentas, el precio de los nuevos contratos bajó un 1,28% respecto a dos años antes, y la Conselleria de Territori sostiene que el parque de alquiler habitual ha crecido en 20.994 contratos desde la aplicación de la medida.
Para propietarios e inquilinos, las propuestas no cambian por sí solas contratos ni obligaciones. Marcan la posición de una parte del sector ante la huelga y ante un posible pacto político que Som Habitatge pide que incluya a partidos, propietarios e inquilinos.