El Diario de la Vivienda

El Ayuntamiento de Barcelona elevará hasta el 150% el recargo del IBI aplicable a las viviendas de uso turístico. La medida se apoya en los nuevos decretos de vivienda y endurece la fiscalidad local de este tipo de pisos, que ya funcionan dentro de un régimen específico de autorización y control municipal.

El IBI es un impuesto municipal que pagan los titulares de bienes inmuebles. Los ayuntamientos pueden modularlo dentro de los márgenes legales, y los recargos sirven para encarecer determinados usos cuando la normativa lo permite. En Barcelona, la vivienda turística lleva años en el centro del debate por su impacto sobre la oferta residencial y la convivencia vecinal.

Para los propietarios de pisos turísticos, el cambio puede traducirse en un mayor coste anual si se aprueba y se aplica en la ordenanza fiscal correspondiente. Para el mercado residencial, el efecto real dependerá de cómo reaccionen los titulares y de la evolución de la regulación turística.

El Gobierno ha aprobado de nuevo dos decretos de vivienda con 21 medidas que deberán votarse en la Diputación Permanente. Los textos recuperan el escudo antidesahucios, cambios en los anuncios de alquiler, ayudas y financiación para la primera vivienda, apoyo a la construcción y la ampliación hasta 2030 del veto a compras consideradas especulativas por fondos. También se prevén controles ligados al valor de mercado, con informe de tasación, y excepciones vinculadas al uso social y a buenas prácticas.

Los decretos leyes permiten al Ejecutivo aprobar medidas urgentes, pero necesitan convalidación parlamentaria. En vivienda, el debate combina alquiler, compra, desahucios, financiación pública y límites a operaciones de grandes inversores. Una de las novedades es que los anuncios de alquiler deberán incorporar el índice de referencia, un indicador público pensado para comparar rentas en zonas tensionadas o con problemas de acceso.

Para propietarios e inquilinos, el impacto dependerá de qué textos se convaliden y de cómo se desarrollen. Conviene seguir especialmente las obligaciones en anuncios, las posibles prórrogas o protecciones frente a desahucios y las condiciones de las ayudas a la compra.

La dificultad de los jóvenes para pagar una vivienda se ha convertido en un asunto político en distritos disputados de Pensilvania, donde puede influir en el control del Congreso de Estados Unidos. Muchos votantes jóvenes señalan el coste de alquilar o comprar como una preocupación central, pero no confían en que los candidatos ofrezcan una solución eficaz.

Estados Unidos arrastra un problema de asequibilidad residencial por la combinación de precios altos, alquileres elevados, tipos de interés más exigentes y falta de oferta en muchas áreas. Parte de la política de vivienda depende de gobiernos locales y estatales, como la planificación urbanística, mientras que el Congreso federal puede actuar sobre financiación, ayudas o programas públicos.

Para propietarios e inquilinos en España no hay un efecto directo. Sí muestra una tendencia común en muchas economías: la vivienda cara pesa cada vez más en el voto, pero las respuestas suelen ser lentas y repartidas entre varias administraciones.