El Diario de la Vivienda

La Generalitat prepara un sistema de compra compartida de viviendas con particulares. El Govern reserva 100 millones de euros para adquirir hasta el 50% de pisos junto a compradores privados y calcula que las primeras ayudas podrían facilitar el acceso a 2.000 viviendas. El plan se orienta especialmente a personas de más de 40 años y prevé que los inmuebles pasen al parque protegido al cabo de 50 años.

La fórmula llega en un mercado catalán en el que comprar se ha encarecido y donde una hipoteca puede ser más difícil para quienes tienen menos años por delante para devolver el préstamo. El Ejecutivo catalán también quiere aprovechar viviendas que fondos de inversión estén dispuestos a vender.

Para compradores, puede abrir una vía intermedia entre alquiler y compra plena, aunque habrá que conocer condiciones, límites y obligaciones. Para propietarios vendedores, podría añadir un comprador institucional a determinadas operaciones, si el programa acaba concretándose en su zona y tipo de vivienda.

El Congreso ha rechazado dos decretos del Gobierno en materia de vivienda y escudo social. Con ello quedan sin efecto medidas como la moratoria de algunos desahucios de familias vulnerables y las prórrogas automáticas de contratos de alquiler previstas para determinadas situaciones. El voto contrario de Junts, junto a PP, Vox y Coalición Canaria en el decreto social, ha reactivado el debate político.

Estas medidas formaban parte de la respuesta estatal a la tensión del alquiler, los desahucios y el papel de los grandes tenedores y fondos de inversión. La discusión viene de la negociación de la ley de vivienda de 2023 y de las diferencias entre partidos sobre cuánto debe intervenir el Estado en el mercado.

Para inquilinos afectados por situaciones de vulnerabilidad o por el fin de contrato, el cambio puede alterar expectativas que dependían de esas prórrogas o suspensiones. Para propietarios, reduce algunas restricciones temporales, pero el marco sigue siendo complejo y conviene revisar cada caso antes de tomar decisiones.

En Estados Unidos, muchos propietarios siguen en viviendas que probablemente habrían dejado porque conservan hipotecas antiguas con tipos bajos. Cambiar de casa implicaría contratar un nuevo préstamo a tipos más altos. Además, los créditos ligados al valor acumulado de la vivienda, conocidos como HELOC, se han encarecido y resultan menos atractivos para financiar reformas.

Este fenómeno se conoce como efecto cerrojo hipotecario: el propietario no vende porque perdería una financiación barata. Cuando ocurre a gran escala, puede reducir la oferta de viviendas en venta y frenar mudanzas, incluso si las necesidades familiares han cambiado.

Para propietarios e inquilinos fuera de Estados Unidos, el caso muestra cómo los tipos de interés influyen más allá de la cuota mensual. También afectan a la movilidad residencial, a las reformas y al ritmo de compraventas. No implica por sí solo que vaya a repetirse igual en otros mercados, donde las hipotecas y la regulación son distintas.