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viernes, 6 de noviembre de 2026

Barcelona

Barcelona y la Generalitat crean una empresa pública para rehabilitar 4.000 pisos en el Besòs-Maresme

La nueva sociedad gestionará una de las mayores operaciones de mejora residencial previstas en Barcelona: 415 millones para actuar en unos 200 bloques de un barrio donde solo se han rehabilitado 192 viviendas en cuatro años.

Por Damián Ortells ·

Barcelona y la Generalitat crean una empresa pública para rehabilitar 4.000 pisos en el Besòs-Maresme

El pleno municipal de Barcelona ha aprobado el convenio con la Generalitat para constituir Impulsem Futur Besòs-Maresme, SA, una sociedad pública que se encargará de impulsar la rehabilitación de 4.000 viviendas en unos 200 edificios del Besòs-Maresme.

La operación prevé una inversión total de 415 millones de euros. El Ayuntamiento de Barcelona asumirá 265 millones y la Generalitat aportará 150 millones. La primera fase movilizará unos 95 millones de euros hasta 2029.

El acuerdo ha salido adelante con los votos del PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC. PP y Vox se han abstenido. La aprobación del convenio es el paso previo para poner en marcha la nueva empresa pública compartida entre las dos administraciones.

La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha defendido que el instrumento permitirá acelerar las obras y cambiar la escala de la rehabilitación en el barrio. Bonet ha recordado que en los últimos cuatro años se han rehabilitado 192 pisos y ha advertido de que, si se mantuviera ese ritmo, harían falta más de 40 años para completar la regeneración prevista.

Junts ha apoyado la sociedad, pero ha reprochado la gestión hecha hasta ahora con los residentes. El concejal Damià Calvet ha hablado de retrasos, plazos superados y falta de habilidad en la relación con el vecindario afectado por las actuaciones urbanísticas.

Barcelona en Comú también ha votado a favor y ha puesto el acento en la permanencia de los vecinos. La concejala Tània Corrons ha defendido que la nueva empresa debe servir para rehabilitar y no para convertir el proceso en una vía de derribo de edificios o expulsión de residentes.

ERC ha celebrado el acuerdo y ha pedido rapidez. La concejala Eva Baró ha reclamado que las obras se adelanten todo lo posible para atender las necesidades de unos edificios envejecidos y, según el debate municipal, con problemas estructurales.

PP y Vox han compartido dudas sobre la planificación. Víctor Martí, del PP, ha considerado que la propuesta llega tarde y ha cuestionado los criterios para decidir qué viviendas se reforman antes. Liberto Senderos, de Vox, ha defendido que la regeneración es urgente, pero ha criticado que se cree una sociedad pública y ha afirmado que tendrá un coste de gestión de 25 millones.

Para propietarios e inquilinos del Besòs-Maresme, el cambio relevante es que las actuaciones de rehabilitación pasarán a articularse a través de una sociedad específica, con financiación comprometida por Ayuntamiento y Generalitat. Los próximos pasos serán la constitución efectiva de la empresa y la concreción del calendario de obras y prioridades por edificios.