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viernes, 6 de noviembre de 2026

Barcelona

Barcelona estudiará un veto urbanístico a la compra especulativa de viviendas

La decisión activa una vía municipal mientras la ley catalana sigue atascada en el Parlament. El encargo incluye informes trimestrales y control del Real Decreto-ley 29/2026 sobre vivienda asequible.

Por Damián Ortells ·

Barcelona estudiará un veto urbanístico a la compra especulativa de viviendas

El pleno de Barcelona ha aprobado una proposición de Barcelona en Comú que encarga al gobierno municipal de Jaume Collboni estudiar una modificación del planeamiento urbanístico para poder prohibir determinadas compras especulativas de vivienda. La iniciativa ha salido adelante con los votos del PSC, BComú y ERC, y con el rechazo de Junts, PP y Vox.

El acuerdo es un mandato político y técnico al Ayuntamiento. La prohibición todavía no se aplica, pero el consistorio deberá revisar la normativa urbanística para buscar la forma de habilitarla. La medida se dirige a operaciones atribuidas a fondos de inversión y grandes tenedores, con el objetivo de frenar la acumulación de pisos fuera del uso residencial habitual.

La proposición también reclama al Ayuntamiento que vigile el cumplimiento del Real Decreto-ley 29/2026, aprobado para proteger la vivienda asequible frente a este tipo de operaciones. Además, el gobierno municipal tendrá que presentar cada tres meses al resto de grupos un informe con las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

La concejala de BComú Gemma Tarafa defendió en el pleno que Barcelona debe usar sus propias competencias y, al mismo tiempo, presionar a la Generalitat y al Estado. Según Tarafa, la ciudad debe anticiparse y actuar con valentía ante las dificultades de acceso a la vivienda.

La votación municipal se produce mientras la futura ley catalana sobre compras especulativas continúa en tramitación parlamentaria. El Govern y los Comuns no han cerrado un acuerdo sobre el texto y han presentado enmiendas por separado. Para aprobar la norma hacen falta 68 diputados, y ERC es imprescindible para alcanzar esa mayoría.

El debate viene condicionado por el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que en agosto cuestionó varios aspectos jurídicos de la proposición catalana tras recursos de Junts y PP. El órgano advirtió de posibles problemas con derechos como la propiedad privada y la herencia. Los Comuns sostienen que el texto original encaja en la Constitución; el PSC prefiere una fórmula que limite el uso de las viviendas adquiridas a residencia habitual, sin vetar directamente la compra.

Para propietarios e inquilinos, el efecto inmediato es limitado: el pleno no cambia hoy las reglas de una compraventa ni de un alquiler. Lo relevante es que Barcelona abre una vía urbanística propia y se compromete a rendir cuentas trimestralmente. Si esa modificación avanza, el impacto se concentraría en operaciones consideradas especulativas, especialmente las vinculadas a fondos y grandes tenedores.