Cataluña
La ley catalana contra la compra especulativa de vivienda encalla por la falta de acuerdo entre PSC y Comuns
El choque jurídico ha dejado la iniciativa en el aire justo antes de su votación en el Parlament, prevista para diciembre. La clave es si se prohíbe comprar para usos distintos de la residencia habitual o si se abre la puerta a excepciones municipales.
Por Damián Ortells ·
La ley catalana pensada para frenar la compra especulativa de viviendas ha quedado bloqueada por la falta de acuerdo entre el PSC y los Comuns, los dos grupos que la habían pactado en julio. El texto original prohibía adquirir una vivienda si no era para destinarla a residencia habitual del comprador, con una excepción para grandes propietarios o empresas que compraran fincas enteras y las pusieran en alquiler a precio limitado.
El problema llegó con el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, el órgano que revisa la adecuación de las leyes catalanas al Estatut y a la Constitución. El Consell consideró que la propuesta chocaba con ambos marcos legales. Sus resoluciones no obligan al Parlament, pero el PSC optó por rehacer el texto para que la norma llegara a la votación con mayor seguridad jurídica.
Ahí empezó el desacuerdo con los Comuns, que defendían mantener la propuesta inicial para evitar que perdiera fuerza. Tras meses de negociación y con el 30 de octubre como fecha límite para registrar enmiendas, los dos grupos han presentado cambios por separado. El Govern llegó a valorar pedir una prórroga, pero finalmente descartó esa vía.
La enmienda del Govern, impulsado por el PSC, abandona la idea de limitar cuántas viviendas puede comprar una persona o empresa y desplaza el foco al uso del inmueble. La vivienda debería destinarse a uso habitual y permanente, también si es de nueva construcción. El texto introduce, sin embargo, excepciones: los ayuntamientos podrían permitir otros usos residenciales, como el alquiler temporal o turístico, si justifican que existe suficiente vivienda habitual.
La propuesta del Govern también permite que el comprador no alquile de forma inmediata cuando el piso esté afectado por un proceso judicial de desahucio o se encuentre en obras en el momento de la compra. Son supuestos relevantes para el mercado de inversión, porque pueden darse en operaciones de adquisición por debajo del precio de mercado y posterior puesta en alquiler.
Los Comuns han registrado sobre todo enmiendas técnicas. Su principal cambio de contenido consiste en excluir de la prohibición las viviendas adquiridas por herencia. Jéssica Albiach ha acusado al PSC de retroceder respecto a lo pactado y de presentar una rebaja del acuerdo inicial. Salvador Illa, en cambio, sostiene que el pacto no se ha roto.
La tramitación queda ahora pendiente de la votación en el Parlament, prevista para diciembre. En la primera versión, la ley contaba con PSC y Comuns, pero necesitaba sumar a ERC, que no había garantizado un apoyo cerrado. Para propietarios, compradores e inquilinos, de momento no cambia ninguna regla: el alcance real dependerá del texto que llegue vivo a la votación y de los apoyos que consiga.