España
Un análisis reclama más presupuesto, inversión y suelo para reforzar la política de vivienda
El análisis sitúa el déficit de inversión como el primer cuello de botella: España dedicó a estas políticas menos de la mitad del esfuerzo europeo y en 2024 aún no recuperaba el gasto nominal de 2009.
Por Damián Ortells ·
Un artículo de opinión defiende que la política de vivienda no podrá convertirse en un pilar estable del Estado del bienestar si no crece su financiación. El texto toma como referencia Eurostat: en 2024 España destinó a desarrollo de vivienda y prestaciones habitacionales el 0,21% del PIB, frente al 0,59% de media en la Unión Europea.
Estas dos funciones suponían el 0,47% del gasto público español y el 1,21% del europeo. El autor precisa que no recogen todo el apoyo fiscal ni todos los gastos vinculados a vivienda, pero las utiliza como medida del menor esfuerzo presupuestario español.
La evolución desde la crisis inmobiliaria refuerza esa tesis. La suma de ambas partidas pasó de 4.137 millones de euros en 2009 a 1.955 millones en 2013 y a 3.413 millones en 2024. Es decir, el gasto se ha recuperado desde el mínimo, pero seguía por debajo del nivel nominal de 2009.
El texto recuerda además que en 2013 se suprimió la deducción general por nuevas compras de vivienda habitual, aunque se mantuvo un régimen transitorio para adquisiciones anteriores. Su lectura es que se redujo el apoyo a la compra sin consolidar una política directa suficientemente potente y sostenida.
El análisis también vincula la falta de vivienda con la pérdida de capacidad productiva tras el pinchazo inmobiliario. Según la EPA, entre 2008 y 2014 Catalunya perdió más de la mitad del empleo en la construcción y más de una cuarta parte del industrial. El autor sostiene que con ello se perdieron empresas, oficios y experiencia que ahora cuesta recuperar.
En vivienda protegida, cita otro dato catalán: se terminaron 6.675 viviendas en 2010, solo 617 en 2015 y 3.517 en 2025. La mejora reciente, afirma, no compensa de golpe el vacío acumulado durante años.
El artículo pide evaluar las normas por sus resultados. Recoge las advertencias de Foment y de la APCE sobre la reserva del 30% de vivienda protegida en determinadas promociones y grandes rehabilitaciones de Barcelona. Según esta posición, cargar parte del coste social a operaciones concretas puede hacerlas inviables y reducir la oferta.
La propuesta combina más presupuestos plurianuales, suelo urbanizado, licencias más ágiles y colaboración público-privada. También defiende derechos de superficie sobre suelo público para mantener la titularidad del terreno y promover alquileres asequibles, revisar los módulos de vivienda protegida, formar oficios y sostener ayudas a hogares vulnerables mientras llega nueva oferta. Para propietarios e inquilinos, el debate apunta a reglas más estables, más vivienda disponible y una financiación pública menos dependiente de cargas sobre cada promoción.