El Diario de la Vivienda

Sabadell supera ya el ritmo de un desahucio al día y siete de cada diez personas afectadas proceden del alquiler. Sindicat de Llogateres, PAH y también propietarios reclamaron medidas de fondo después del fracaso de los decretos de vivienda del Gobierno, que consideraron insuficientes y calificaron como un “parche”.

El aumento de los lanzamientos vinculados al alquiler refleja una tensión conocida en muchas ciudades: rentas altas, contratos que vencen y hogares con poco margen económico. La PAH nació ligada a los desahucios hipotecarios, mientras que los sindicatos de inquilinos se han centrado en la presión del mercado del alquiler. Ambos espacios confluyen ahora en la demanda de más protección residencial.

Para los inquilinos, el dato apunta a una vulnerabilidad creciente en el alquiler. Para los propietarios, muestra que cualquier cambio normativo afecta a un mercado tensionado y conviene revisar obligaciones y garantías antes de firmar o renovar contratos.

El Sindicat de Llogateres ha convocado movilizaciones para intentar frenar tres desahucios previstos en Sant Cugat. La actuación del colectivo vuelve a situar los lanzamientos judiciales en el centro del debate local sobre vivienda, aunque no se han detallado las circunstancias concretas de cada caso.

Un desahucio es la fase final de un procedimiento judicial que permite recuperar la posesión de una vivienda. Puede derivar de distintos conflictos, como impagos o finalización de contratos, y en ocasiones se suspende o aplaza si concurren situaciones de vulnerabilidad y así lo acuerda el juzgado dentro del marco legal aplicable.

Para los inquilinos, estas convocatorias muestran la importancia de conocer a tiempo la situación jurídica del contrato y los recursos sociales disponibles. Para los propietarios, recuerdan que los procedimientos de recuperación de vivienda pueden verse afectados por trámites judiciales, servicios sociales y movilización vecinal.

El Congreso rechazó los decretos de vivienda del Gobierno con los votos de Junts, PP y Vox, pese a la oferta de tramitarlos después como proyecto de ley. Al decaer, quedan sin efecto medidas como el escudo antidesahucios, prórrogas de contratos, límites a actualizaciones de renta, rebajas fiscales, ayudas a la compra y la regulación del alquiler temporal y de habitaciones. Junts planteó un texto alternativo con menos regulación y más peso para los propietarios.

En España, un real decreto-ley puede entrar en vigor de forma inmediata, pero debe ser convalidado por el Congreso para mantenerse. Estas normas se habían presentado en plena presión social por el acceso a la vivienda y por la inseguridad de muchos hogares en alquiler.

El rechazo afecta especialmente a inquilinos pendientes de renovación antes de 2028 y a familias vulnerables con desahucios previstos. Para los propietarios, se mantiene abierto el debate sobre incentivos, límites y seguridad jurídica en el alquiler.