Internacional
Medellín limita los pisos turísticos en barrios residenciales
La medida no elimina las rentas cortas en toda la ciudad: las desplaza hacia ejes de transporte, centralidades y zonas con más actividad comercial. La Alcaldía defiende que aplica una regla urbanística ya prevista y el sector teme perder alojamientos en barrios residenciales.
Por Damián Ortells ·
El Concejo de Medellín aprobó el 5 de noviembre la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, la norma que fija durante 12 años qué se puede construir y qué usos se permiten en cada zona de la ciudad. La votación salió adelante con 18 votos a favor, dos en contra y una abstención, después de una sesión de más de 14 horas.
El nuevo POT tiene una pata central de vivienda: habilita 222.000 viviendas adicionales respecto al plan anterior para responder a un déficit estimado en unos 38.000 hogares. Pero el punto más discutido ha sido el tratamiento de la vivienda turística, como se denomina en Colombia al alquiler por días o rentas cortas.
La regla aprobada no es una prohibición total. Medellín queda dividida por niveles de mezcla de usos. En las zonas de mixtura baja, donde domina el uso residencial, los pisos turísticos quedan prohibidos. En las zonas de mixtura media podrán funcionar cerca de corredores de transporte masivo, como el metro, y sujetos a condiciones. En las áreas de mixtura alta y en las centralidades se admiten de forma abierta.
La Alcaldía sostiene que la restricción en barrios residenciales ya estaba en el POT de 2014 y que el cambio consiste en hacerla efectiva. También defiende que los alojamientos abiertos legalmente cuando la actividad estaba permitida podrán continuar si cumplen las condiciones urbanísticas. Estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo no será suficiente si el uso del suelo no permite esa actividad.
El crecimiento del sector explica la intensidad del debate. Según la Alcaldía, los prestadores de vivienda turística registrados en Medellín pasaron de 521 en 2019 a 8.322 en 2026. Entre 2024 y 2026, los inspectores municipales han realizado 408 visitas y han suspendido temporalmente 105 alojamientos.
El alcalde, Federico Gutiérrez, ha defendido que regular no equivale a prohibir y ha situado la medida del lado de las familias de Medellín. También ha rechazado que se trate de un ataque a la propiedad, porque los titulares conservarán sus inmuebles.
El sector, agrupado en Asohost, discrepa. Su presidente, Juan Camilo Vargas, reclama reglas claras y aplicables que no dañen ingresos y hogares. La asociación teme que la protección de los derechos adquiridos, a través de la figura del uso establecido, no cubra a todos los operadores que ya alquilan en barrios residenciales.
La vía elegida se parece a la aplicada en ciudades españolas. Barcelona zonificó los alojamientos turísticos con el PEUAT de 2017 y después anunció que no renovará en noviembre de 2028 sus más de 10.000 licencias de pisos turísticos. Madrid restringió los pisos dispersos en edificios residenciales del centro histórico con el Plan Reside. Málaga fijó un tope del 8% de viviendas turísticas por barrio y cerró 43 barrios a nuevas altas.
Para propietarios que alquilan por días, el mensaje es que el registro turístico no basta si el planeamiento limita el uso. Para inquilinos, la clave estará en si la prohibición en barrios residenciales se inspecciona y si las 222.000 viviendas previstas llegan a ejecutarse. El acuerdo pasa ahora al alcalde para su sanción y publicación.