España
El Defensor del Pueblo pide más alquiler asequible y límites a pisos turísticos
El informe sitúa a España muy lejos de Austria, Francia o Países Bajos, donde la vivienda social ronda o supera el 20%. Gabilondo pide que las nuevas viviendas protegidas no pasen al mercado libre con los años.
Por Damián Ortells ·
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha llevado a las Cortes Generales un informe de 339 páginas sobre vivienda con 35 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas. El documento, titulado 'La efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. Un problema social crítico', pide actuar con más inversión pública y con medidas específicas sobre alquiler, vivienda vacía y pisos turísticos.
El dato central del informe es el tamaño del parque de alquiler social. En España representaba en 2024 el 3,3% de las viviendas principales, frente al 8% de media europea. La distancia es mayor si se compara con Austria, Francia o Países Bajos, donde el parque social ronda o supera el 20%.
Gabilondo reclama aumentar de forma urgente la vivienda pública y protegida hasta acercarse, al menos, a la media europea. También pide que las viviendas construidas con protección pública mantengan esa condición de forma permanente y se destinen preferentemente al alquiler, no a la venta.
El motivo es una pérdida acumulada durante décadas. Entre 1962 y 2020 se construyeron en España unos 5,7 millones de viviendas protegidas, el 31,5% de todas las edificadas en ese periodo. Muchas han dejado de estar sujetas a límites de venta o alquiler y han acabado integradas en el mercado libre.
Para el Defensor del Pueblo, esa salida progresiva de viviendas protegidas dificulta que las administraciones puedan ofrecer alquileres asequibles. La institución sostiene además que un parque público suficiente ayudaría a moderar los precios del mercado residencial.
El informe procede de una investigación iniciada en junio de 2025 con el Ministerio de Vivienda, las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y los diez ayuntamientos más poblados de España. La institución la abrió por el aumento de quejas ciudadanas sobre las dificultades para acceder a una vivienda o conservarla.
Entre las recomendaciones figura incorporar viviendas privadas desocupadas al alquiler asequible. Gabilondo plantea incentivos fiscales, acuerdos de cesión con grandes tenedores y programas públicos de intermediación para que esos pisos entren en el mercado con rentas asumibles.
También propone estudiar una prestación económica subsidiaria para los colectivos con más dificultades, con una cuantía suficiente para pagar un alquiler en el mercado privado. Pide agilizar las ayudas al alquiler y a la rehabilitación.
El informe reclama limitar los alquileres turísticos allí donde su expansión esté perjudicando al alquiler de vivienda habitual. Para propietarios, esto apunta a más presión regulatoria en zonas tensionadas o con alta presencia de pisos turísticos; para inquilinos, a políticas que buscan reservar más vivienda al uso residencial.
Gabilondo pide prioridad para personas con menores ingresos y en emergencia residencial. Cita familias con menores, especialmente monoparentales, víctimas de violencia de género, jóvenes, mayores y personas con discapacidad. Mientras no haya parque público suficiente, reclama medidas extraordinarias para evitar desahucios de personas vulnerables que no puedan asumir subidas del alquiler y corran riesgo de exclusión social.