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sábado, 31 de octubre de 2026

Cataluña

PSC y Comuns mantienen el desacuerdo sobre la ley contra la compra especulativa de vivienda

La discrepancia ya no es solo jurídica: afecta al núcleo de la norma. Los Comuns quieren limitar compras de grandes tenedores y fondos; el PSC propone regular el destino residencial de los pisos para evitar que acaben en usos temporales o turísticos.

Por Damián Ortells ·

PSC y Comuns mantienen el desacuerdo sobre la ley contra la compra especulativa de vivienda

El PSC y los Comuns han registrado por separado sus enmiendas a la ley catalana contra la compra especulativa de vivienda, después de que este viernes acabara el plazo para hacerlo. Las dos formaciones mantienen abiertas las conversaciones, pero han confirmado que no han logrado cerrar un redactado conjunto tras el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

La proposición inicial, defendida por los Comuns, planteaba modificar la ley de urbanismo para que los ayuntamientos situados en zonas de mercado tensionado pudieran impedir compras de vivienda que no fueran para vivir en ellas. La medida se dirigía sobre todo a grandes tenedores, empresas y fondos, con el objetivo de frenar la acumulación de pisos con fines especulativos.

El Consell de Garanties Estatutàries, a petición de Junts y PP, advirtió en agosto de que esa limitación afectaba al derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa. El órgano consultivo consideró legítimo mejorar el acceso a la vivienda, pero sostuvo que el texto no superaba el test de razonabilidad porque no había un equilibrio adecuado entre las restricciones y el objetivo perseguido.

A partir de ese dictamen, el Govern planteó un giro. En vez de limitar quién puede comprar, propone definir el uso de las viviendas. Su texto prevé que, en zonas tensionadas, los pisos tengan un uso exclusivo o prioritario de residencia habitual y permanente si así lo deciden los municipios afectados. También fija el deber de destinarlos a ese uso, pero sin prohibir la compra a ningún comprador.

Para el PSC, este cambio da más seguridad jurídica y permite aplicar la norma. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que hará todo lo posible para garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación, pero ha rechazado aprobar una medida sin recorrido jurídico. La consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que la puerta a un acuerdo sigue abierta.

Los Comuns consideran insuficiente el planteamiento socialista porque, a su juicio, renuncia al objetivo principal: limitar las compras especulativas. Jéssica Albiach ha reprochado al Govern que no esté defendiendo con fuerza la ley, y su grupo sostiene que la proposición es constitucional porque fue trabajada con expertos compartidos con el Ejecutivo.

Las enmiendas de los Comuns introducen tres cambios. La primera distingue entre pequeños tenedores, con hasta cuatro viviendas en propiedad, y grandes tenedores, a partir de cinco. La segunda precisa que las herencias solo quedarían limitadas para grandes tenedores, que deberían destinar la vivienda heredada a residencia habitual y permanente. La tercera adapta ese cambio a la ley de urbanismo.

Para propietarios e inquilinos, el efecto dependerá del texto final y de si el municipio está declarado zona tensionada. La diferencia es clave: una versión incidiría en quién puede comprar determinados pisos; la otra, en el uso residencial que deben tener. La votación definitiva no se prevé antes de las elecciones españolas, porque el último pleno previo a los comicios será la próxima semana y no se espera que la tramitación llegue a tiempo.